Periodismo entre dos fuegos: bajo la violencia del narcotráfico

744px-News.svgLibertad de Expresión, Informe 2008

• Las agresiones más violentas tienen la huella de la delincuencia organizada.
• Las fuerzas del orden y los funcionarios públicos resultaron los agresores más frecuentes.
• Chihuahua es el estado más peligroso para los periodistas.

Ciudad de México, 22 de enero de 2009 (CEPET). En el año 2008 el nivel de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación volvió a aumentar en México. Asesinatos, allanamientos y el ataque a un periódico con granadas de fragmentación, son casos extremos de una larga lista de agresiones e intimidaciones cuya brutalidad fue notoria.

El reporte 2008 Periodismo bajo la violencia del narcotráfico, es un acercamiento al estado de la libertad de expresión en el país. Fue producido con el patrocinio de Open Society Institute.

Durante el año que concluyó, cinco comunicadores fueron asesinados con evidencias de que los crímenes fueron perpetrados por su trabajo en los medios de comunicación. Todos habían recibido amenazas de muerte y en todos existen indicios que conducen a la delincuencia organizada. Los cinco asesinatos ocurrieron en cuatro actos de violencia.

Por tercer año consecutivo, la delincuencia organizada atacó las instalaciones de un medio de comunicación. Esta vez la agresión fue en contra del periódico El Debate, de Culiacán, Sinaloa, a cuyo edificio fueron lanzadas dos granadas en noviembre pasado.

En cuanto a peligrosidad para el ejercicio periodístico, el estado de Chihuahua ocupa el primer lugar. Particularmente en Ciudad Juárez, los periodistas son testigos y víctimas del fuego cruzado no sólo entre carteles sino también entre los narcotraficantes y las fuerzas del orden.

La situación es tan grave que algunos reporteros y fotógrafos usan chalecos antibalas, muchos han recibido amenazas de muerte y el riesgo de ataques es impredecible porque los comunicadores desconocen qué les convierte en objetivos de los delincuentes.

En este sentido, el CEPET ha observado y considera como hipótesis que, mientras que los medios de comunicación evalúan la información con criterios como la novedad, la relevancia y el impacto, entre otros, los delincuentes asumen que el espacio o el despliegue y detalle que se dedica a una noticia, corresponden a la simpatía o al antagonismo para determinado cartel o grupo.

Además, en un clima de violencia y alta corrupción, atribuir acciones falsas a un cartel u otro puede desencadenar acciones violentas por lo que las filtraciones de fuentes que antes eran confiables, podrían hoy ser de un riesgo letal. También sin embargo, las agresiones pueden ser motivadas por noticias ciertas y confirmada pero que exhiben la debilidad de un grupo.

El informe 2008 consigna que los reporteros y fotógrafos son los más agredidos, lo cual podría significar que la delincuencia organizada desconoce que las decisiones del contenido corresponden, en última instancia, a editores, ejecutivos y a los propietarios de los medios, dado que son ellos quienes establecen y aplican las políticas editoriales.

A la violencia directa en contra de medios y periodistas se debe agregar un efecto colateral que resulta alarmante. Este es el caso de la autocensura, un fenómeno que continúa extendiéndose y que los medios de comunicación adoptan para protegerse de los ataques, en lugares donde la actividad de la delincuencia organizada es intensa. Los medios, en estos casos, buscan no hacer pública información que pudiera desatar represalias de los delincuentes.

Por ello es necesario enfatizar que la autocensura coarta un valor fundamental de la sociedad: el derecho a la información. La autocensura golpea el avance democrático dado que impide la discusión pública de temas tan graves como la inseguridad.

Si bien en 2008 los ataques más violentos tienen la marca de la delincuencia organizada (13 por ciento de todos los casos), es importante señalar que las fuerzas del orden y los funcionarios públicos resultaron los agresores más frecuentes en el país con el 28 y el 27 por ciento de agresiones atribuibles, respectivamente.

Los primeros –las fuerzas del orden— cometieron allanamientos a domicilios de reporteros, agresiones intimidatorias y detenciones arbitrarias, mientras que los funcionarios públicos estuvieron involucrados en amenazas, golpes, bloqueos publicitarios y acosos, entre otros.

Dado que los partidos políticos tienen una responsabilidad moral sobre el comportamiento de sus gobernantes, el CEPET consideró relevante identificar el partido cuando los agravios partieron de funcionarios públicos, de políticos y grupos partidistas. El resultado fue que a los funcionarios y políticos del PRI se les pueden atribuir el mayor número de agresiones, un 44 por ciento; seguidos por funcionarios del PAN, con un 35 por ciento y del PRD con el 21 por ciento.

Finalmente, es necesario señalar que el esclarecimiento de los crímenes y atentados es primordial para que la impunidad no sea un factor que aliente más agresiones. Dicho esclarecimiento tanto como garantizar la seguridad de la sociedad, es responsabilidad de las instituciones del Estado encargadas de procurar e impartir justicia.

También es pertinente reiterar que, como ha establecido la Relatoría para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación por su trabajo, representan ataques en contra de la sociedad puesto que lesionan su derecho a estar informada.

Informe completo en:
www.libex.cepet.org/images/informes/informe2008.pdf.
https://cepetmexico.wordpress.com/2009/01/23/informe-2008-periodismo-bajo-la-violencia-del-narcotrafico/.
Contacto: libex@cepet.org Tels. 5584-214570 y cel. 551826 8771.
Centro de Información sobre Libertad de Expresión, http://www.libex.cepet.org, un proyecto del CEPET con el patrocinio de Open Society Institute.

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Una respuesta to “Periodismo entre dos fuegos: bajo la violencia del narcotráfico”

  1. Mauri Konig Says:

    Abraji apoia manifestações a favor da liberdade de expressão no México

    A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) se solidariza com os jornalistas do México e condena as agressões a que nossos colegas estão expostos no exercício da profissão. A Abraji se soma às demais entidades de classe do México e de outros países para cobrar do Estado mexicano garantias mínimas de segurança para a realização do trabalho jornalístico e também para exigir o esclarecimento de mais de 70 casos de jornalistas assassinados e desaparecidos nos últimos 10 anos. O atentado à imprensa é também um atentado à sociedade, pois assim como o jornalista tem o direito à liberdade de expressão como direito individual e coletivo, a sociedade tem o direito de receber uma informação clara, objetiva e plural, indispensável para a democracia.
    A Abraji foi fundada em 2002. É uma associação sem fins lucrativos, não tem filiação político-partidária e não recebe doações de governos. Suas missões principais são incentivar a troca de experiências entre jornalistas, promover cursos sobre reportagens investigativas e defender o livre acesso a informações públicas no país.


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